Oficial: Air Europa y Swiftair quieren seguir operando los vuelos de deportación de migrantes en 2020 y 2021
La unión temporal de empresas (UTE) formada por Air Europa, Aeronova y Swiftair va a presentarse de nuevo al concurso público que recientemente ha lanzado el Ministerio del Interior para operar los vuelos de deportación de migrantes a partir del mes de noviembre, durante 2020 y mediados de 2021.
Estas aerolíneas, que en mayo de 2018 fueron las adjudicatarias del último concurso cuya vigencia es hasta mediados de noviembre de 2019, han decidido que van a optar de nuevo a operar esos vuelos de traslado de ciudadanos extranjeros, tras haber revisado los nuevos pliegos, según han confirmado a Europa Press fuentes de Globalia.
El pasado 1 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de licitación por valor de 9,9 millones de euros, el mismo presupuesto previsto en la anterior convocatoria que actualmente están ejecutando Air Europa, Aeronova y Swiftair.
El contrato que actualmente está en vigor finaliza el próximo mes de noviembre, pero Interior ha lanzado ya el nuevo, cuya vigencia está previsto que comience el próximo 19 de noviembre, con el fin de «garantizar la continuidad» de este servicio.
El contrato que actualmente está en vigor finaliza el próximo mes de noviembre, pero Interior ha lanzado ya el nuevo, cuya vigencia está previsto que comience el próximo 19 de noviembre, con el fin de «garantizar la continuidad» de este servicio. El importe estimado es de 10,89 millones de euros con impuestos incluidos –9,9 sin incluirlos– y la duración el contrato es de 18 meses. El plazo para la recepción de ofertas y solicitudes de participación finaliza el 24 de julio.
El importe estimado es de 10,89 millones de euros con impuestos incluidos –9,9 sin incluirlos– y la duración el contrato es de 18 meses. El plazo para la recepción de ofertas y solicitudes de participación finaliza el 24 de julio.
Este servicio se presta mediante la organización de vuelos específicos no integrados en la líneas regulares o comerciales de pasajeros en general. Se traslada a ciudadanos extranjeros entre diversos puntos del territorio nacional y a otros países, ya sea para llevarles a los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) o en ejecución de órdenes de expulsión derivadas de la aplicación de la legislación vigente en materia de Extranjería.
550.000 EUROS» DE MEDIA MENSUAL
La contratación de este servicio se viene realizando desde hace más de una década. Según se señala en la memoria justificativa para la contratación de este servicio, recogida por Europa Press, durante los años 2017 y 2018 el gasto total por este servicio ascendió a 11,16 millones de euros sin IVA, con una media mensual de 465.069 euros.
En este nuevo contrato, esta media mensual «se ha redondeado a 550.000 euros con el fin de incorporar a la misma un margen razonable», tal y como se argumenta en dicha memoria.
Según se refleja ella, se contempla la posibilidad de una modificación del contrato con el límite del incremento en un 10% como máximo, si se prevé que el gasto estimado es «insuficiente». La financiación del servició corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
El Gobierno exige la disponibilidad de cuatro tipos de aviones capaces de operar «en todos los aeropuertos nacionales e internacionales, y, en concreto, en el aeropuerto de Melilla». Algunos de ellos deberán disponer de hasta 75 plazas; otros desde 76 hasta 120 plazas; otros serán de 121 hasta 200 asientos; y otros más de 200 asientos.
Los vuelos de deportación son operaciones policiales de carácter reservado sobre las que el Ministerio del Interior no ofrece información. La única institución en España que publica datos al respecto es el Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de la Tortura, que recaba anualmente las cifras e incluso envía técnicos a supervisar personalmente algunos de estos vuelos.
Según el último informe disponible, correspondiente a 2017, el Ministerio del Interior fletó en solitario o en colaboración con Frontex un total de 22 vuelos internacionales en los que expulsó a 481 inmigrantes a sus países de origen o procedencia.
